LEY LAFKENCHE O LEY ECMPO

LEY LAFKENCHE   O  LEY ECMPO

Los efectos tras la Ley que crea los Espacios Costeros Marino de Pueblos Originarios

Reinaldo Vidal M.

Director Ejecutivo Index SpA

Asesor técnico y jurídico en materias del borde costero

A nueve años de existencia de la Ley Nº 20.249, que crea los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios, y ocho años desde su aplicación tras la dictación de su reglamento, vemos como esta norma ha abierto un amplio debate respecto al uso del borde costero.

Hoy en Chile, existen 70 reclamaciones de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), la que en su totalidad suman  2.345.037 hectáreas, entre la IIIa a la XIIa Región. Solicitudes que se encuentran en diferentes estados de tramitación.

Ahora bien, una de las primeras correcciones que deberíamos hacer, es dejar de denominar a la Ley 20.249, Ley Lafkenche, y denominarla por su nombre real y efectivo que es Ley que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, es decir Ley ECMPO.  Aunque el significado Lafkenche en mapudungun significa Gente del Mar (Lafken “Mar” y Che “Gente”), agregando asimismo que el titular de la reclamación puede ser una asociación y/o comunidad debidamente constituida conforme a la Ley 19.253.

Esta Ley ECMPO busca un reconocimiento ancestral bajo el uso consuetudinario de las comunidades indígenas que han visto en el borde costero una fuente en el desarrollo de sus prácticas habituales, ya sea de carácter de recolección y/o prácticas de pesca, entre otras, usos que sin duda merecen un reconocimiento, el problema no es este punto, sino que como se ha manifestado la problemática que surge entono a esta ley.

De este modo y visto los múltiples factores que han incidido tras su aplicación, podemos distinguir tres tipos de efectos, los primeros que dicen relación con la amplia cobertura geográfica y/o espacial de reclamación, por parte de las comunidades y/o asociaciones reclamantes, las que abarcan superficies que van desde las 2 hectáreas hasta llegar a las 775.419, reclamaciones que abarcan desde la IIIa a la XIIa Regiones del País, en donde la Región de Los Lagos concentra el mayor porcentaje de solicitudes, esto es 69,1% a nivel nacional y por su parte la Región de Aysén concentra el 47,5% de la superficie.

El segundo de los efectos que se observa, es el vinculado a toda actividad distinta a una ECMPO, que se realiza y/o estaría por ejecutarse en el borde costero del litoral de la república, ello, frente al grado de preferencia y efectos suspensivos que genera una ECMPO frente a estos otros tipos de afectaciones distintas a ella, hecho que se se ve agravado por dos situaciones más, uno la demora que presenta el procedimiento de ECMPO y en segundo término la incerteza jurídica en la obtención de ese permiso de ocupación que se pretende.

Como un tercer efecto, es el vinculado a la falta de observancia y proyección en los efectos que hoy genera esta Ley ECMPO, por parte de la Administración y los legisladores.

En este último punto coyuntural y que como efecto nos detendremos, el borde costero esta conformado por distintos espacios cuya naturaleza los distingue entre terreno de playa, playa, porción de agua y fondo de mar, todos ellos con bienes nacionales, en donde las playas y el mar adyacente conforman los bienes nacionales de uso público, cuya administración es del Estado.

Así, es el Estado quien debe velar por la “mejor” manera de administrar estos bienes públicos, que le pertenecen a todos los habitantes de la nación, sin ir más allá hace 22 años atrás se definió la Política Nacional de Uso del Borde Costero, la que entre sus principales considerandos señala:

Considerando tercero,  “Que es preocupación prioritaria del Gobierno lograr un desarrollo armónico del territorio, procurando el mejor uso de sus potenciales y recursos, para el logro de mejores condiciones de vida la la población.”,

 Considerando cuarto, “Que es deber ineludible y un derecho del Estado propender a un adecuado uso del borde costero del litoral, que favorezca tal desarrollo, permita un efectivo ejercicio de los derechos soberanos de Chile en su mar territorial y zona económica exclusiva y, además contribuya a la proyección de su acción en las zonas contiguas de la alta mar.”

 Considerando quinto, “Que, tales espacios son un recurso limitado, que permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, compatibles entre sí, lo que hace necesario definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un aprovechamiento integral y coherente de los recursos, riquezas y posibilidades que ellos contienen y generan.”,

 Considerando séptimo, “La necesidad de establecer un marco orgánico que permita el mejor aprovechamiento de los amplios espacios marítimos y terrestres del borde costero del litoral, fijando para ello los elementos indispensables que posibiliten un desarrollo armónico e integral del sector, en el cual, respetándose los derechos de los particulares y sus intereses, se concilien éstos con las necesidades de la comunidad y del país.”

Todo lo anterior da origen al establecimiento de esta política, a la creación de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, a las comisiones Regionales, y a instrumentos como las Áreas Preferente y Zonificación del Borde costero, todo ello como la nueva arquitectura institucional de orden, la que no está exenta de problemas en relación a su reconocimiento bajo rango legal.
Con todo, surge una pregunta ¿cómo se idea una nueva forma de afectar el borde costero, olvidando los que ya existen?  La ley reconoce los derechos adquiridos respecto de concesiones ya sean estas marítimas, acuícolas, áreas de manejo, pero ¿qué sucede con el interés de esas empresas que deseen ampliar y/o modificar sus concesiones en pro de un desarrollo, o con las concesiones que se renueven?, ¿qué pasa con las afectaciones de carácter ambiental y/o de protección, turismo?.  ¿que sucedería si las reclamaciones ECMPO aumentara o presentaran la misma conducta vista en el Sur del País pero ahora en la Zona Norte, en donde proyectos como plantas desaladoras se verían frenados producto de este tipo de reclamaciones?.

 

Insistimos, el problema no es la Ley ECMPO, sino que la falta de observancia y visualización de una norma de este tipo, sin límites que la misma demanda de uso consuetudinario, como bien lo establece el artículo 4 de la Ley al señalar, “La delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios estará determinada por la superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario realizado en él, de conformidad con el artículo 6º.”

 

De este modo el espacio a reclamar no posee más límite que la capacidad de acreditar e invocar esos usos consuetudinarios, generando efectos de los dos tipos antes aludidos, en donde hoy comunidades y privados se ven enfrentados.

 

El llamado al dialogo hoy que tanto se hace por parte de las autoridades, no puede ser el único camino que supla el evidente error cometido por el Estado.

 

Necesario hoy resulta evaluar esta norma, bajo un precepto general y un ámbito mas globalizado, tomando conceptos e ideas como lo establece la PNUBC, como espacios limitados, mejor aprovechamiento, desarrollo armónico, integral, de respeto a los derechos de los particulares y sus intereses, que se concilien con las necesidades de la comunidad y del país.

 

El llamado es ha tomar acción ahora y ya, el dialogo es una vía, pero la oportunidad e igualdad en el acceso a esto tipo de bienes, debe estar clara y bien definida con transparencia y certezas jurídicas, ya sea para los pueblos originarios reclamantes y los que ven en el borde costero una oportunidad y/o protección, el Estado no puede quedar inmóvil frente a tales problemáticas y pretender que la solución pase por el dialogo, como única vía de solución, de no existir un pronunciamiento o respuesta ágil del Estado veremos que el conflicto podría verse agudizado, quizás no en todo los casos, en donde cada sector buscará la forma de insistir en un requerimiento ECMPO, o evaluar vías de impugnación respecto de una reducción de ECMPO o rechazo. El llamado es buscar el bien común, hoy se debe evaluar quizás detener estos procesos y reevaluar, existen momentos que es mejor detenerse, pensar, tal vez retroceder para poder avanzar.

 

La necesidad de cambio es necesaria y debe ser oportuna, de este modo hoy nos encontramos analizando y estudiando una estructura de cambio que permita entregar las debidas certezas jurídicas tanto para las comunidades y/o asociaciones reclamantes, en orden a generar la agilidad en los procesos de acreditación, asimismo en la transparencia y oportunidad de comparecer en este tipo de trámites, bajo una estructura de dialogo en donde no quede nadie excluido, tomando en consideración hechos como cuando existan sobreposiciones de ECMPO, todo ello con participación amplia de organismos públicos, privados y comunidades indígenas.

 

 

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