Este 1 de octubre la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena envió un oficio a Claudia González, mujer yagana, hija de Martín González Calderón y nieta de Ursula Calderón Harban, informando haber recibido un oficio de la Capitania de Puerto de Puerto Williams “solicitando el desalojo de su ocupación ilegal en terrenos de playa”. Se trata de un predio restituido al amparo de la Ley Indígena y donde se le informó últimamente de un plazo fatal para el próximo 23 de octubre, ordenando el desalojo “con auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario”.
La Prensa Austral se puso en contacto con Claudia González, quien emitió esta semana una declaración pública denunciando los hechos. “Se me quiere desalojar del predio de bahía Mejillones, sector Katushwea. Con total indignación he recibido un ultimátum de desalojo levantado por la Armada de Chile en conjunto con la Delegación Presidencial Provincial, para retirar mi vivienda, embarcación y todas nuestras pertenencias por la supuesta “ocupación ilegal””, indicó en la declaración.
Refiere la situación como inaceptable y que “no lo podemos creer como familia milenaria del territorio”. Bahía Mejillones y el sector donde están ubicados “fue restituido a nuestra comunidad el año 1994, al amparo de la Ley Indígena. Lamentablemente ahora nos enteramos que no somos realmente los dueños del predio, negándonos el uso del borde costero en nuestro propio terreno comunitario”.
González explica lo importante que es este espacio de playa para su familia y la contradicción de que el Estado premie y reconozca el trabajo de cestería y arte milenario de su pueblo. “Nos quieren sacar del lugar en donde desarrollo estos trabajos, donde obtengo las materias primas y transmito a mi familia lo que allí mismo me enseñaron mis padres y abuelos. Me están pidiendo que desarme y abandone la casa y taller donde mi padre, Martín González Calderón vivía, trabajaba y nos enseñaba la cultura yagan. Seguramente todas estas “autoridades” vendrán en algún momento de nuevo a tomarse fotos y levantar lindos discursos para la galería”.
En conversación con el diario relata que “mi casa lleva como 18 años ahí y mi papá, que era Martín González, tenía su ranchito un poco más al lado mío. Hemos trabajado las artesanías, le hemos ayudado cuando estaba él a hacer sus canoas grandes, que él enviaba para otros lados, museos. Siempre ha sido un lugar donde nosotros salíamos a pescar, a mariscar”. Actualmente vive ahí con sus dos hijos de 13 y 17 años: “Ahí tenemos una vida natural, por eso nos gusta estar ahí”.
Por otro lado, indica que las prohibiciones que han tenido les impiden mantener sus tradiciones como pueblo. “La Armada nos vulnera muchos los derechos. La prohibición de navegar y muchas prohibiciones a nosotros como pueblo nos perjudica porque no podemos mantener nuestras tradiciones de navegar libre”. En ese sentido, manifiesta con desazón: “Es una vergüenza lo que está haciendo la Armada de Chile, el gobierno y la Corporación de Desarrollo de Indígena Conadi, vulnerando los mínimos derechos que tenemos”.
Regularizar o desalojar
En el oficio enviado por la delegada provincial Constanza Calisto Gallardo el 1 de octubre, se le indicó a González que “si usted no ha realizado trámites para solicitar la respectiva concesión marítima, deberá, o iniciar a la brevedad las diligencias de regularización o desalojar el área señalada por Armada de Chile”. En esa línea, otorgaron “un plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación, para presentar descargos y la documentación correspondiente”.
Dejan expreso que “la autoridad provincial está otorgando todas las facilidades administrativas a su alcance para que solucione la problemática”, por lo que hacen presente que de no presentar documentación, “deberá ser ordenado su desalojo del lugar por incumplir la normativa vigente, con auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario”.
Delegación: “No existe una orden de desalojo”
Desde la Delegación Provincial de la Antártica contestaron vía correo algunas de las preguntas formuladas por este diario. Expresaron en primer lugar que “la Armada tiene a su cargo la fiscalización y detección de ocupaciones irregulares o ilegales en bienes de uso público que estén bajo su jurisdicción. Notifican a todas las personas que ocupan sin título en el borde costero, y cuando no hay respuesta, nos solicitan como DPP el desalojo por uso irregular”.
La delegada Constanza Calisto explica que la última documentación recibida por la Capitanía de Puerto de Puerto Williams data del 25 de agosto del presente año, aunque consta en expedientes anteriores que “desde 2020 se le ha indicado a esta familia la necesidad de regularizar su situación”.
Según expone la delegada, durante su gestión citó a la usuaria para conversar con ella, “indicándole que nuestra intención es que ella regularice su situación”. En esa línea, informó al jefe de Oficina de Asuntos Indígenas, Conadi, para que “pueda prestar orientación o ayuda en caso que sea requerido”.
Sobre el uso de la fuerza pública, Calisto explica que “el Estado a través de esta Delegación ha puesto a disposición las facilidades para que los ocupantes inicien las solicitudes legales necesarias en los plazos indicados y puedan informar de aquello a la Capitanía de Puerto (…) En caso que los ocupantes no informen de su situación o presenten su negativa, Capitanía de Puerto seguirá tramitando el proceso y eventualmente, puede solicitar el desalojo con la fuerza pública de ser necesario”.
La delegada aclara que, a pesar de los últimos oficios, “no existe en este momento una orden de desalojo vigente, sino un proceso de regularización en trámite, la prioridad para esta Delegación es dar las facilidades necesarias en cuanto orientación y ayuda para que llegue a buen término”.
Fuente : La Prensa Austral 21/10/2025
